"Viven en España
tras reagruparse con sus familiares pero el Instituto Nacional de la
Seguridad Social les niega la tarjeta sanitaria. Han conseguido más
de 60 sentencias a su favor pero les siguen obligando a contratar
seguro privado si necesitan que el médico les atienda.
Desde hace un año, Adriana y su madre, Magaly, caminan en un
laberinto “lleno de altas paredes”, en palabras de la primera.
Ella, ciudadana española, pidió en 2017 el reagrupamiento familiar
para su madre. Y desde ese momento ambas iniciaron una ruta de los
sordos que las ha llevado a una conclusión desalentadora y que
desmonta la versión oficial: en España no hay atención sanitaria
para todo el mundo.
“Al tener la residencia legal, solicité ante la Seguridad
Social incluirla como beneficiaria para obtener su tarjeta sanitaria
y la respuesta fue negativa”, explica Adriana a El Salto. En el
laberinto toparon con puertas cerradas allá por donde se movían,
según recuerda: “Perdimos la cuenta de cuántos sitios visitamos
pidiendo el derecho a la salud para mamá, fuimos a diferentes sedes
de la Seguridad Social y en ninguna me dieron posibilidad alguna.
Consejería de salud, centros de salud, visitas donde cada puerta se
nos cerró y con ellas la posibilidad de recibir atención médica y
menos aún derecho a medicina. Entonces supimos que en España el
derecho a la salud no es universal”.
Adriana se vio en la obligación de contratar un seguro privado si
quería que su madre, ya viviendo en España, tuviera asistencia
médica. 1.800 euros al año que exceden su presupuesto y que han
dejado de pagar.
Hoy siguen sin respuesta y tampoco ven “acciones que demuestren
que esto está cambiando con la nueva ley”, dice Adriana, que
también se pregunta “qué sucede con este derecho humano vulnerado
no sé por quiénes ni por qué. Es muy duro tener que rogar por
esto”.
Las dos estuvieron el jueves 15 de noviembre en la concentración
convocada a las puertas del Ministerio de Sanidad en Madrid por el
Colectivo de Afectadas por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social. Un grupo de personas con nacionalidad española que han
decidido reagrupar a sus familias y se han encontrado con que este
organismo, dependiente de la cartera cuya titular es María Luisa
Carcedo desde septiembre, niega a sus padres y madres el derecho a la
atención sanitaria y les obliga a contratar un seguro privado. Un
colectivo víctima del Real Decreto Ley 16/2012 que excluyó de la
sanidad universal a numerosas personas. Y que el Real Decreto Ley
7/2018, firmado por Pedro Sánchez en julio, no parece haber
revertido, pese a los grandes titulares y la alegría con que se
anunció por parte de los portavoces gubernamentales
.
“Lo que hace el Instituto Nacional de la
Seguridad Social es directamente ilegal”, afirma Antón, portavoz
de Yo Sí Sanidad Universal, organización que apoya las
reclamaciones y que ha presentado las demandas judiciales que están
dando la razón a las familias. “Entendíamos que simplemente
poniendo un recurso judicial se conseguiría la tarjeta sanitaria
para estas personas. También se llamaría la atención sobre cómo
siguen existiendo colectivos a los que se niega la sanidad”, añade.
La respuesta judicial ha dado la razón a las contundentes
palabras de Antón (y a las familias): ya son más de 60 las
sentencias en ocho comunidades autónomas favorables a los
demandantes, que obligan al INSS a facilitar la tarjeta sanitaria a
estas personas. Pero esto no está sucediendo, asegura el portavoz:
“El INSS no ha cambiado su normativa y sigue exigiendo a estas
personas que contraten un seguro privado y denegándoles la tarjeta
sanitaria”. Esta respuesta hace dudar al colectivo de que “el
Gobierno y la nueva ministra de Sanidad quieran alcanzar la
universalidad en la sanidad”.
Lara es una de las personas que optó por la vía judicial para
garantizar que su padre, con nacionalidad venezolana y residencia
legal en España desde hace más de un año, pueda ser atendido por
el médico. “Solicitamos al INSS su inclusión como beneficiario de
mi tarjeta sanitaria y fue cuando nos enteramos de que por el Real
Decreto Ley 16/2012 ya no era posible o por lo menos fue lo que nos
hicieron creer: que no tenía derecho a la asistencia sanitaria”,
afirma. Entonces, al igual que les pasó a Adriana y Magaly, se
vieron en la obligación de contratar un seguro privado para mayores
de 65 años, con un coste muy elevado.
Tras un largo proceso en el que ha pasado por “solicitudes,
reclamaciones, denegaciones, recursos que siempre fueron negados por
el INSS”, Lara y su padre acudieron a los tribunales, donde les han
reconocido el derecho.
“Me pregunto —concluye— cómo es posible que una
Administración vaya en contra de la ley, cuando reiteradamente los
tribunales nos están reconociendo el derecho”.
Los padres de Leticia también tuvieron que pleitear para disponer
de tarjeta sanitaria. Ella vive en España desde hace 15 años, con
nacionalidad española y origen cubano. En 2016 reagrupó a su padre
(73 años) y su madre (70 años). “Una vez aquí —recuerda—, al
solicitar la tarjeta de residencia en Extranjería, nos piden
cobertura sanitaria pública o privada. En un primer instante no le
doy mayor importancia pues pensé que si iba al INSS, sin dificultad
alguna obtendríamos la tarjeta, y que, además, un seguro privado
como tal no fue un requisito que nos pidieron en ningún momento del
proceso de obtención del visado de familiar comunitario en el país
de origen”.
En las dos oficinas del INSS a las que acudieron les informaron de
que, desde 2012, los familiares reagrupados no tienen derecho a la
atención sanitaria. Pero también toparon con confusión y dudas.
“Nos llamó la atención —reconoce Leticia— que en ambas
oficinas alguna funcionaria dijo que sí. Nadie sabía bien, se
contradecían, hasta que llegaba alguien aparentemente con un cargo
superior, y ratificaba la denegación. No se nos informó tampoco de
que podíamos solicitarlo por escrito. También llamé por teléfono
al número de información del INSS, y de tres veces que lo hice, en
una un funcionario que me atendió me aseguró que sí tenían
derecho y fue el único que me habló de solicitarlo por escrito”.
Adriana, Lara y Leticia se muestran muy agradecidas por el apoyo
que Yo Sí Sanidad Universal ha ofrecido a sus casos. Antón, su
portavoz, critica la actuación del PSOE y considera que “sigue
habiendo múltiples colectivos excluidos, los mismos que quedaron
fuera con el RDL 16/2012. La pléyade de problemas a que dio lugar
aquel decreto no ha sido solucionada”. En su opinión, las cosas no
han mejorado pese a la “palabrería y mercadotecnia” del actual
partido en el Gobierno sobre este asunto: “No solo la sanidad en
España no es universal sino que el nuevo RDL ha echado por tierra
las normativas autonómicas y subterfugios legales que desarrollaron
muchas comunidades para poder incluir a estos colectivos. La
situación es, como mínimo, igual que con el decreto anterior y
probablemente peor en tanto en cuanto las comunidades autónomas no
logren volver a arbitrar mecanismos que les permitan incluir a los
pacientes que siguen estando excluidos”."
Fuente » El
Salto
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