Crisis de vivienda y paro estructural en España


















 La cuarta parte de la población española vive en la pobreza o está en riesgo de exclusión social, advirtió  el relator especial de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Olivier de Schutter.

"En la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de su informe sobre la situación en este país, elaborado por su predecesor, Philip Alston, el relator indicó que pese a que España es una nación rica, afronta problemas graves, como "una enorme crisis de vivienda y paro estructural entre sus jóvenes".

En relación a la vivienda, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, estimó en forma positiva, aunque insuficiente ,  las “primeras medidas “tomadas por el Gobierno,” entre las que destacan : la paralización de los desahucios por impago de alquiler y la prórroga de los contratos durante 6 meses.”
 
Plantean  que no es admisible que “  las personas mayormente afectadas por la crisis tengan que seguir pagando alquileres inflados por la especulación “

En cuanto a los propietarios, se ha dicho repetidamente por algunos medios y partidos políticos que el ingreso de los mismos     no puede afectarse  ya que  atentaría contra  la propiedad privada. A estos efectos, el Sindicato señala “En relación a los arrendadores que tienen una  única vivienda en propiedad y necesiten estos ingresos para cubrir sus necesidades básicas, también deben estar amparados por el Gobierno, como ya están haciendo con  otros sectores” , pero debe tratarse en forma diferente a quienes son grandes propietarios, y a los fondos buitres.

Agrega  que “mientras, las familias que viven de alquiler se encuentran ante una situación insostenible: sin ingresos y asumiendo precios que han subido un 40% de media desde 2013, el resultado práctico de las medidas aprobadas ,  impacta de diferente forma. 

Los préstamos a los que se tiene acceso, en el caso de que no puedan devolverse , lo pagaremos entre todas y todos, independientemente si el arrendador lo necesita o es una entidad multi millonaria. Da igual que entremos en una brutal crisis y que aumenten los índices de pobreza: los arrendadores tienen que seguir cobrando rentas inmobiliarias a precio de oro, todo a costa del erario público. 

Consideración aún más grave si se tiene en cuenta que ya reciben enormes ayudas: los pequeños propietarios tienen una exención del 60% en el IRPF y los fondos buitre no pagan impuesto de sociedades.

El mencionado estudio de Naciones Unidas, en cuanto a la llamada , " generación de la  cuarentena “ ( jóvenes de 18 a 30 ) señala que  la situación es muy difícil.

 Un reciente estudio  realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alerta de que " Uno de cada seis jóvenes en el mundo ha quedado en el paro por la pandemia, y los que siguen trabajando han visto reducidas sus horas laborales y, por tanto, sus ingresos.

 En España hay  riesgo de que el elevando desempleo juvenil derive en un problema estructural”. 

Obligados a destinar a la vivienda  una proporción excesiva de sus salarios precarios se van posponiendo decisiones vitales muchas veces priorizando la opción de " comer o morir. "

El ascensor social lleva años frenándose.

"Frente a generaciones anteriores, ya no se percibe que el nivel educativo sea garantía de un mejor futuro, lo que puede llevar a un empobrecimiento sociocultural. La pandemia ha quebrado vidas y expectativas, y se ha cebado en los eslabones más débiles. 

En función de ello el Gobierno, ha acelerado su plan para promover la vivienda social en España y decidió  aprobar en Consejo de Ministro   el primer paso para la regulación del derecho de superficie para la promoción de vivienda destinada al alquiler asequible por parte de promotoras privadas, «para impulsar la regeneración del territorio  y la rehabilitación urbana como palancas de la recuperación económica y la creación de empleo», según destaca el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Esto es positivo, pero debe implementarse rápidamente y buscar soluciones de inmediato que eviten un colapso social. 

El informe de De Schutter añadió que medidas como el ingreso mínimo vital, recientemente aprobado en España, ayudarán a paliar estos problemas, "beneficiando a alrededor de 1,6 millones de personas que viven en la extrema pobreza". Esta medida debe considerarse positiva  en tanto constituye un  primer paso para llegar a la denominada Renta Básica, objetivo que debe intentarse. Mientras tanto, deben profundizarse las medidas que amparen a los sectores mas desfavorecidos, reconociendo los avances realizados.

Fte.  
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