En las diligencias penales se investigan conductas como el de homicidio imprudente, abandono o maltrato
La Fiscalía General del Estado ha informado que tiene
abiertas al menos 38 investigaciones penales a otras tantas
residencias de mayores de todo el país por la gestión
de la pandemia del coronavirus, la mitad de ellas en la Comunidad de
Madrid, y otras 124 diligencias dentro del ámbito civil.
Son datos oficiales ofrecidos este viernes por el ministerio
público, que advierte, no obstante, de que no dibujan
“una foto fija” respecto a las investigaciones a
centros de mayores, un sector especialmente golpeado por el virus.
Por comunidades autónomas, a 15 de abril, la
Fiscalía General ha “constatado abiertas” investigaciones a 19
residencias de Madrid; 7 de Cataluña; 5 de Castilla-La
Mancha; 2 de Castilla y León y otras tantas de Murcia; y 1 de
Canarias, de la Comunidad Valenciana y de Cantabria.
Sin embargo, el Ministerio Público admite que la
cifra puede ser mayor porque estos datos provienen de las Fiscalías
Provinciales, que remiten la información a las Superiores y
éstas a la Fiscalía General, por lo que es posible que se hayan
abierto nuevas diligencias y no se haya recibido dicha información.
Por ello, la Fiscalía se ha comprometido a
actualizar los datos el próximo martes. El ministerio
público no ha precisado cuáles son los presuntos delitos por los
que se investiga a dichos centros ni los nombres de los mismos.
En el orden civil, las Fiscalías Superiores han
abierto 124 expedientes, tanto a residencias como a usuarios
en el ámbito de protección de sus derechos.
Por otra parte, el Defensor del Paciente ha
presentado más de 200 denuncias por fallecimientos de mayores en
residencias en la que pide investigar si se ha podido
cometer un delito de omisión del deber de auxilio, entre otras,
precisan a Efe fuentes de esta institución.
Dichas fuentes explican que se trata de personas que no han
derivado a hospitales y a quienes no se les hizo prueba de COVID, ni
se le facilitó asistencia sanitaria y tampoco se permitió a sus
familiares que se los llevasen a casa. “Se les ha dejado
morir” y “la responsabilidad es doble, de las empresas que las
gestionan y de las CCAA”, han aseverado las fuentes.
En la Comunidad de Madrid, que acumula
el mayor número de residencias investigadas, fuentes
fiscales han precisado que las diligencias suelen abrirse a raíz de
denuncias de familiares de los ancianos residentes o de asociaciones
como el Defensor del Pueblo.
REPÚBLICA/AGENCIAS | 17/04/2020
La pandemia ha dejado aún mas en evidencia la vulnerabilidad y el abandono de este sector por parte de las Comunidades Autónomas , al privatizar el servicio. Será necesario y urgente un cambio total de modelo.
Son válidas todas las denuncias de esos sitios tristes que no debieran existir
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